Marco legislativo

Los montes de socios sufren la falta de un tratamiento legislativo específico tanto en el ámbito nacional como regional.

A nivel nacional, la Ley de Montes 43/2003, contempla en su Disposición Adicional 10ª  para la gestión de los montes en pro indiviso la constitución de Juntas Gestoras.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Gestión de montes proindiviso.
1. Para la gestión de los montes cuya titularidad corresponda pro indiviso amás de diez propietarios conocidos, podrá constituirse una junta gestora que administrará los intereses de todos los copropietarios.
2. Para la constitución de la junta gestora a la que se refiere el apartado anterior, el órgano forestal de la comunidad autónoma convocará a todos los copropietarios garantizando la máxima difusión y publicidad de la citada convocatoria, siendo suficiente el acuerdo de la totalidad de los asistentes a la misma para que dicha constitución se considere válida.

3. La junta gestora que se constituya podrá autorizar los actos de administración ordinaria y extraordinaria, gestión y disfrute del monte y de todos sus productos, y la enajenación de toda clase de aprovechamientos forestales, energéticos y mineros, así como cualquier otro acto para el que estén habilitados los propietarios de acuerdo con esta ley. Asimismo, podrá realizar contratos con la Administración, salvaguardando siempre los derechos de todos los copropietarios.
4. Los beneficios que se generen correspondientes a las partes de la propiedad no esclarecidas deberán invertirse en la mejora del monte. En caso de no poder identificarse la propiedad no esclarecida, deberá invertirse en dicha mejora al menos el 15 por ciento del beneficio total obtenido por los copropietarios.

Esta disposición básica carece de desarrollo reglamentario. Diez años después de su publicación únicamente se han constituido en España 46 Juntas Gestoras, 34 en la provincia de Soria, nueve en el Principado de Asturias, dos en Guadalajara y una en la provincia de León.

En Castilla y León la Ley de Montes 3/2009 dedica su Disposición Adicional 8ª a los montes privados en régimen de pro indiviso. En ella se establece:

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA.–Montes privados pro indiviso.
1. La Junta de Castilla y León desarrollará reglamentariamente el procedimiento de convocatoria y constitución de las juntas gestoras de montes en pro indiviso que se constituyan en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, así como su régimen jurídico. La consejería competente en materia de montes creará un Registro administrativo de montes privados pro indiviso, en el que se inscribirán sus juntas gestoras, así como sus integrantes y cuota de participación, a efectos de publicidad, con independencia de su fecha de constitución.
2. En los montes privados en régimen de pro indiviso no se podrá ejercer la acción de división de la cosa común por la voluntad individual de cualquiera de sus condueños, salvo que quede registralmente esclarecida la totalidad del dominio a favor de personas vivas.
3. El ejercicio de la acción de división de la cosa común quedará sometido a las siguientes reglas:
a) El copropietario que tenga intención de ejercitar la acción de división deberá comunicarlo previamente y en alguna forma admitida en Derecho que deje constancia fidedigna al resto de los condueños.
b) Cualquiera de los copropietarios conocidos podrá ejercitar un derecho de adquisición preferente sobre la cuota indivisa de titularidad del que pretende la división, mediante notificación fehaciente
dirigida a éste en un plazo máximo de tres meses contados desde la fecha en que tuvo conocimiento de la intención de dividir.
c) Si son varios los copropietarios concurrentes interesados en adquirir, se distribuirá la participación indivisa entre todos ellos a prorrata de su participación en la copropiedad.
d) El registrador de la propiedad no inscribirá las fincas adjudicadas en un procedimiento de división de montes en pro indiviso, si no se justifica la aplicación del procedimiento indicado en las letras
anteriores.
4. Con carácter excepcional y sin perjuicio de lo que se regule reglamentariamente, las juntas gestoras podrán destinar los beneficios correspondientes a las partes de la propiedad no esclarecida a obras o servicios de interés general en las localidades donde se ubican los montes, en las cuantías establecidas en el apartado 4 de la Disposición Adicional Décima de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

En Aragón, la Ley de Montes de Aragón (15/2006) no hace alusión a la gestión de los montes en régimen de pro indiviso, ni a la Disposición Adicional 10ª de la Ley 43/2003. Sin embargo, en su Disposición Adicional 6ª, sí se hace referencia a los montes pertenecientes a sociedades extintas o sin capacidad de obrar, permitiendo al Gobierno de Aragón declarar la utilidad pública para la expropiación forzosa.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Montes pertenecientes a sociedades extintas o sin capacidad de obrar.
Mediante acuerdo del Gobierno de Aragón se podrá declarar la utilidad pública para la expropiación forzosa e incorporación al dominio público forestal de los montes que cumplan alguna de las características y funciones establecidas para la catalogación de montes públicos en la presente Ley y pertenezcan a sociedades o personas jurídicas que hayan perdido su capacidad de obrar o se hayan extinguido y se encuentren pendientes de liquidación.

En Castilla la Mancha, la Disposición Adicional 7ª de la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla la Mancha (3/2008) remite a lo previsto en Ley 43/2003

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Gestión de montes pro indiviso
Para la gestión de los montes pro indiviso se estará a lo establecido en la disposición adicional décima de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, o en la norma que lo sustituya.

En el Principado de Asturias la Disposición Adicional 1ª de la Ley de Montes y Ordenación Forestal (3/2004) remite también a la Ley 43/2003

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Montes pro indiviso.
Para la gestión de los montes pro indiviso se estará a lo establecido en la disposición adicional décima de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

 

 

Visto el tratamiento legislativo dado a los montes de socios es evidente la necesidad de definir un Régimen Jurídico Básico para este tipo de montes. El Proyecto tiene entre sus objetivos la creación de un marco legal específico que resuelva las actuales carencias. Actualmente la ley no establece, siquiera, la personalidad jurídica que deben adoptar las Juntas Gestoras constituidas al amparo de la Disposición Adicional 10ª.

La definición de ese marco legal es responsabilidad del Grupo Nacional de Trabajo de Propiedad Forestal Colectiva.